Un exhaustivo análisis de la posible repercusión en el ámbito sanitario de la anunciada Ley de Transparencia y Buen Gobierno ha sido efectuado por Javier García León en su blog. Su tesis es que tendrá un importante efecto en el mundo sanitario, aunque la misma no entra en el fondo del concepto de gobierno abierto. También afirma que algunos de los principios de la transparencia pasiva, el derecho a reclamar la información que se considere oportuna, ya habían sido recogidos en normas anteriores.
Y es así, como sucede, por ejemplo, con el derecho a la información epidemiológica, que ya estaba en la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (1), concretamente en su artículo 6. Y también en la Ley 33/2011 General de Salud Pública que titula su artículo 4 como "Derecho a la información" (2).
Ha habido poca regulación posterior de estos aspectos, en un caso porque ha transcurrido poco tiempo, pero en el otro ya son más de 10 años.
Ahora que se anuncia nuevamente una Ley de Transparencia es momento de que desempolvemos estos derechos ya reconocidos, aunque poco regulados. Y que recordemos que, aunque este aspecto de la transparencia puede ser que sea el menos innovador (es más sugerente el de la transparencia activa y ya hay iniciativas al respecto) no por ello es menos necesario. Y es necesario que esté mejor regulado y más asumido.
(1) Artículo 6 Ley 41/2002: "Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual....".
(2) Artículo 4 Ley 33/2011: los ciudadanos tienen derecho a "recibir información sobre los condicionantes de salud como factores que influyen en el nivel de salud de la población y, en particular, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, climáticos o de otro carácter, relevantes para la salud de la población y sobre su impacto".
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